Este mantenimiento, conocido como retimbrado, incluye:
- La realización de una prueba hidráulica y una prueba de nivel C para comprobar la resistencia y seguridad del extintor.
Este proceso forma parte del ciclo obligatorio de mantenimiento y debe ser ejecutado por una empresa mantenedora autorizada y especializada. La vida útil del extintor es de 20 años, por lo que este procedimiento se realiza un máximo de tres veces durante su vida útil.
¿Qué pasa si no cumplo con la normativa contra incendios?
No cumplir con las obligaciones de mantenimiento de extintores no solo supone un riesgo evidente para la seguridad de las personas y los bienes, sino que también conlleva consecuencias legales muy serias. En caso de inspección por parte de las autoridades competentes, un extintor sin revisar, mal ubicado o caducado puede ser motivo suficiente para levantar un acta de infracción. Esto aplica tanto a empresas privadas como a comunidades de vecinos, espacios públicos, comercios o instalaciones industriales.
Las consecuencias más comunes son sanciones económicas, que pueden variar en función de la gravedad del incumplimiento, así como la suspensión temporal de la actividad o incluso el cierre definitivo del establecimiento si se considera que existe un peligro real. Además, en caso de producirse un incendio y comprobarse que los sistemas de protección contra incendios no estaban en regla, la responsabilidad civil o penal puede recaer sobre el titular de la instalación, con implicaciones mucho más graves que una simple multa.
Ignorar las revisiones periódicas de los extintores o no contar con una empresa mantenedora autorizada supone incumplir el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), y puede afectar a otros sistemas como detectores, alarmas o bocas de incendio equipadas (BIE). Incluso los seguros pueden negarse a cubrir daños si se demuestra que los equipos de protección estaban fuera de normativa. En resumen, mantener los extintores al día no es opcional, es una medida clave para garantizar la protección real y el cumplimiento legal en cualquier entorno.
Marco legal aplicable:
- Real Decreto 513/2017, que establece el reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- Ley 21/1992, de Industria, que recoge cómo deben clasificarse y sancionarse las infracciones.